Presidenta encargada y su lucha por la reforma judicialVisitas: 1

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró el lanzamiento oficial de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal. Durante su intervención, la mandataria argumentó que el proceso busca dignificar la labor de los funcionarios correctos y depurar de forma contundente las malas prácticas dentro de los organismos de seguridad y los tribunales del país.

La jefa de Estado encargada enfatizó la necesidad urgente de erradicar los esquemas de cobros ilegales que afectan directamente a la ciudadanía. Explicó que no es justo que los trabajadores públicos íntegros compartan el mismo juicio social que aquellos que cometen delitos, por lo que exigió el cese inmediato de los mecanismos de coacción en las instituciones.

«Quiero acabar con la matraca y la extorsión, se acabó, ya basta, el pueblo venezolano lo pide y yo pido la colaboración de nuestro país», aseveró la mandataria nacional al solicitar el respaldo activo de la población en esta campaña de rectificación.

Rodríguez rememoró sus inicios en la Facultad de Derecho y su vinculación con los derechos humanos, motivada por el asesinato de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, en las celdas de la antigua policía política. Señaló que esa experiencia personal impulsó su anhelo de edificar un sistema de justicia transparente, equitativo, accesible y no discriminatorio.

La presidenta encargada reconoció que, aunque se han registrado avances significativos en el sector judicial durante las últimas décadas, estos no resultan suficientes frente a las demandas reales de la sociedad. Calificó el inicio de esta consulta pública como un paso histórico y estratégico para consolidar el marco legal que la nación merece.

La mandataria expresó su agradecimiento al fiscal general de la República, Larry Devoe, quien asumirá formalmente las funciones de secretario ejecutivo en este despliegue de consulta nacional. Ambas autoridades coincidieron en que la participación colectiva será el factor determinante para la transformación estructural del Poder Judicial.

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