Doctor Crisanto Gregorio León
«Las juezas corruptas se comportan mediante la negación deliberada de la responsabilidad y la simulación de inocencia, como el niño que rompe el vidrio y después se hace el disimulado».
«La toga que se arrastra por el fango de la prevaricación no es un símbolo de autoridad, sino el sudario donde yace sepultada la conciencia de la república».
La aceptación de la cruda realidad judicial venezolana
– público, notorio y comunicacional –
Y si de labios del propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se escucha esta aceptación de la cruda realidad judicial venezolana, conviene traer sus palabras a esta reflexión. No las reproduzco para elogiarlo ni para suscribir su discurso, sino para poner de relieve la gravedad de una situación que incluso desde las más altas esferas del poder se ha tenido que admitir. El 19 de mayo de 2026, durante una sesión parlamentaria, expresó: «Nosotros vamos en serio en meter presos a los jueces delincuentes, a los jueces ladrones y a los fiscales inescrupulosos». Pues bien, si esa es la afirmación que sale de los propios labios de quien preside el Parlamento, ¿qué puede decirse de la magnitud del deterioro que padece la administración de justicia? La pregunta no es quién pronuncia la advertencia, sino por qué hemos llegado a semejante situación y cuándo se traducirá en actuaciones institucionales verdaderas.
Declaraciones de Jorge Rodríguez sobre jueces y fiscales involucrados en corrupción.
La parábola del niño que rompe el vidrio
Imaginemos a un niño que lanza una piedra, rompe el vidrio de una ventana y, acto seguido, esconde la mano. Después se aleja silbando, con las manos en los bolsillos, mirando hacia cualquier parte y fingiendo que nada ha ocurrido. Su comportamiento no borra el estrépito del cristal roto ni hace desaparecer la piedra que provocó el daño. Simplemente intenta evadir la responsabilidad mediante una representación de inocencia.
La imagen que ilustra el artículo retrata, en clave satírica, la conducta de quienes ocasionan daños desde el ejercicio de una función pública y luego recurren a la negación, al disimulo y a la simulación para sustraerse de las consecuencias de sus propios actos. La corrupción, el cohecho, la extorsión y las prácticas que degradan la administración de justicia no desaparecen porque quien las protagoniza esconda la mano y se marche silbando.
El vidrio roto no se recompone con silbidos, ni la responsabilidad desaparece porque quien lo rompió decida mirar hacia otro lado.
La justicia bajo sospecha
Ejercer la abogacía en el estado Zulia se ha convertido, para quienes conservan intactos sus principios éticos, en una experiencia de profundo hastío institucional y repugnancia moral. Mientras abogados, ciudadanos y sectores de la sociedad civil reclaman una administración de justicia independiente, transparente y respetuosa de las garantías constitucionales, determinados operadores judiciales parecen mantenerse instalados en una burbuja de impunidad, usufructuando cargos provisorios obtenidos mediante designaciones discrecionales y comportándose como si los tribunales fueran feudos de su propiedad. Los acontecimientos que sacuden al país desde el pasado 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense culminó con la captura de Nicolás Maduro, han abierto un nuevo escenario político e institucional que no puede ser ignorado por quienes administran justicia. Sin embargo, en determinados espacios del foro zuliano, la realidad parece transcurrir al margen de cualquier exigencia de transformación.
En este contexto adquieren especial relevancia las denuncias públicas del dirigente político zuliano Juan Pablo Guanipa, quien ha cuestionado la falta de autonomía del Poder Judicial y exigido un Tribunal Supremo de Justicia independiente, señalando la subordinación de sus magistrados a intereses políticos y los atropellos cometidos desde las instituciones judiciales. A ello se suman las denuncias de abogados y ciudadanos que han puesto de manifiesto irregularidades, obstáculos procesales y actuaciones que comprometen la credibilidad de la administración de justicia en el Zulia.
Crónica: la degradación del foro zuliano
El ejercicio de la abogacía en el estado Zulia se debate cotidianamente entre la repugnancia moral y el hastío institucional, retratando un escenario donde los principios fundamentales del derecho sucumben ante la arbitrariedad y la desidia burocrática. Cada profesional litigante experimenta un profundo rechazo al constatar que las leyes y los códigos son suplantados por prácticas opacas y transacciones que vulneran la dignidad de la justicia. La función sagrada de encauzar las controversias sociales se transforma en una carga insoportable cuando el foro local premia la complacencia y castiga severamente la rectitud ética de quienes intentan mantener viva la nobleza de la abogacía.
La estructura judicial contemporánea en la región zuliana exhibe una corrosión sistémica impulsada por jueces provisorios que operan como termitas, royendo silenciosamente los cimientos del debido proceso y pulverizando las garantías constitucionales. Los operadores jurídicos honestos afrontan un laberinto kafkiano donde la mora procesal deliberada y la pérdida de autonomía de los tribunales convierten cada expediente en un monumento a la ineficacia. En este lodazal normativo, la verdad procesal deja de ser el norte de las decisiones judiciales, siendo reemplazada por intereses subalternos que mercantilizan el dolor humano y deshonran el juramento de servir a la verdad y a la equidad.
Frente a este panorama desolador, el abogado probo transita por un sendero angosto y escarpado, obligado a elegir permanentemente entre la sumisión cómplice que garantiza prebendas o la resistencia digna que acarrea el ostracismo profesional. La supervivencia en este entorno hostil exige una fortaleza espiritual inquebrantable para no sucumbir ante la tentación de normalizar la corrupción como método habitual de resolución de conflictos. Quienes resisten desde la trinchera del estudio y la honestidad soportan el peso de un sistema que castiga al jurisconsulto independiente, convirtiendo la práctica forense en una vía crucis donde la justicia brilla por su total y dolorosa ausencia.
Las universidades y los centros de pensamiento jurídico tienen la inaplazable obligación moral de alzar la voz frente a esta profunda degradación institucional que carcome los cimientos de la convivencia democrática regional. No basta con la enseñanza teórica de las normas sustantivas y adjetivas si en la praxis cotidiana se tolera la burla sistemática a los postulados de la justicia distributiva. La academia debe convertirse en el ariete que sacuda las conciencias dormidas y exija una transformación radical de los tribunales y fiscalías, devolviendo al Zulia el brillo intelectual y ético que históricamente caracterizó a sus más insignes jurisconsultos y pensadores del derecho.
La recuperación del foro zuliano constituye un imperativo ético de supervivencia republicana que no admite demoras ni falsas complacencias por parte de los gremios profesionales y la sociedad civil. Si se permite que la podredumbre institucional se consolide como norma indiscutible, el futuro de las nuevas generaciones de abogados estará irremediablemente hipotecado al arbitrio de la mediocridad. Es menester rescatar el valor supremo de la palabra empeñada, el estudio riguroso y la probidad incorruptible, demostrando que la abogacía libre y digna aún conserva la fuerza moral necesaria para erradicar las sombras que hoy enlutan los estrados de nuestra geografía regional.
Hechos que reclaman respuestas
La gravedad de este panorama no descansa únicamente en apreciaciones o valoraciones personales. Existen hechos y denuncias públicas que merecen investigación y respuestas institucionales. Para documentar ese clamor ciudadano, baste revisar las alertas sobre irregularidades y negativa de acceso a expedientes en la sede del Poder Judicial en Maracaibo; las denuncias del abogado penalista Juan Pablo Montiel sobre graves distorsiones, retardo procesal, distribución irregular de causas y obstáculos al acceso a la justicia en el sistema judicial zuliano; la detención de siete funcionarios del CICPC por su presunta vinculación con una red de extorsión y corrupción en el Zulia; la concesión de medidas de arresto domiciliario a dos juezas procesadas después de 21 meses de reclusión, sin que tal medida constituya una declaración de culpabilidad; y las exigencias de reinstitucionalización del Poder Judicial ante la provisoriedad de sus jueces, denunciada por el Bloque Constitucional de Venezuela.
Estos episodios, cada uno con sus particularidades y circunstancias procesales, no deben confundirse ni interpretarse como condenas anticipadas. Su relevancia radica en que evidencian la necesidad de investigar, esclarecer y corregir las irregularidades denunciadas, garantizando que ningún funcionario quede al margen del escrutinio público y de la responsabilidad que corresponde a su investidura.
La renovación judicial: una oportunidad que exige rigor
Corresponde a los colegios de abogados, a las universidades, a las organizaciones gremiales y a la sociedad civil mantenerse atentos al actual proceso de renovación judicial. La prórroga del lapso de postulaciones hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026, —día de la patrona del estado Zulia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá— anunciada por el Comité de Postulaciones Judiciales el 11 de noviembre, ofrece una oportunidad adicional para la recepción de candidaturas a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales y la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura. La Asamblea Nacional extendió oficialmente el plazo de postulaciones.
En este proceso, el Comité de Postulaciones Judiciales y el Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos tienen ante sí una responsabilidad de enorme trascendencia. Es indispensable examinar minuciosamente los expedientes curriculares, la trayectoria profesional, la formación académica, la conducta ética, los antecedentes y la independencia de criterio de cada aspirante. No basta con reunir títulos, credenciales y años de experiencia; hay que comprobar la probidad, la idoneidad y la verdadera solvencia moral de quienes aspiran a administrar justicia. La renovación del Poder Judicial debe representar una oportunidad real para dignificar la justicia venezolana y no convertirse en una simple sustitución de nombres.
Epílogo: la hora de rescatar la justicia
La hora de la verdad institucional ha tocado a las puertas de la república y ningún juez, por más atornillado que pretenda estar en su curul provisoria, podrá eludir el veredicto inapelable de la historia y de la reorganización nacional. El Zulia no puede seguir siendo el feudo silencioso de operadores sin escrúpulos que confunden la toga con un manto de impunidad corporativa. Pero la transformación no llegará por generación espontánea ni mediante discursos de ocasión: exige actuaciones concretas.
Corresponde a los colegios de abogados, a las universidades, a las organizaciones gremiales y a la sociedad civil documentar las irregularidades, exigir investigaciones independientes y reclamar auditorías institucionales. Corresponde igualmente a los órganos competentes garantizar el acceso a los expedientes, el respeto de los lapsos procesales, la independencia judicial y la aplicación uniforme de la ley. No se trata de sustituir una arbitrariedad por otra, sino de restablecer el imperio del derecho y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.
La abogacía zuliana no puede permanecer contemplativa mientras se deteriora el instrumento fundamental de su propia existencia: la justicia. Es momento de barrer los escombros de la prevaricación, rescatar la dignidad del foro y demostrar que la toga no es un privilegio para dominar, sino una responsabilidad para servir. Que los gremios hablen, que las universidades actúen, que las instituciones investiguen y que la sociedad exija respuestas. El silencio no puede seguir siendo el cómplice de la degradación institucional. El Zulia merece tribunales donde prevalezcan la razón, la libertad, la probidad y el respeto a la ley.
«Ningún juez atornillado en su burbuja de impunidad podrá enterrar con su mezquindad la fuerza moral del Zulia; cuando la justicia se vuelve mercado, el ejercicio del derecho se transforma en un acto de sagrada rebeldía».
Aclaratoria necesaria: El presente artículo no está dirigido a los jueces correctos, honestos, probos, estudiosos, nobles y honorables, distinguidos por la sapiencia de su verbo y por el conocimiento exacto del principio iura novit curia, sino a quienes, apartándose de los valores éticos y jurídicos que deben orientar la función jurisdiccional, desnaturalizan la majestad de la justicia y mancillan la dignidad de la toga.
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario y Broadcaster
crisantogleon@gmail.com
