Por Dr. Crisanto Gregorio León
«El federalismo es la forma más acabada de la democracia, porque multiplica los centros de decisión y acerca el poder al ciudadano.» – Rómulo Betancourt
La concepción de Venezuela como una unión de estados libres y soberanos, plasmada en la Constitución de 1864 bajo la denominación de «Estados Unidos de Venezuela», sentó las bases de un sistema federal que, si bien ha experimentado diversas interpretaciones y tensiones a lo largo de la historia, sigue siendo un punto central en el debate sobre la organización territorial y política de la nación. La esencia de esta unión radicaba en el acuerdo de estados preexistentes que decidieron confederarse, conservando una porción significativa de su autonomía y cediendo al poder central solo las competencias expresamente definidas.
La persistencia de la visión federalista se manifiesta en la defensa de una estructura legislativa bicameral, donde el Senado actuaría como representante directo de los intereses y la igualdad de los estados, complementando la representación poblacional de la Cámara de Diputados. Para quienes abogan por esta concepción original, la clave reside en limitar estrictamente las competencias del poder central a aquellas que fueron explícitamente delegadas por los estados fundadores.
El cambio de nombre a «República de Venezuela» en 1953, durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se erige como un símbolo de la creciente tendencia centralizadora. Este acto, interpretado por muchos como un intento de desdibujar la naturaleza federal de la nación, coincidió con una etapa de consolidación del poder central y una disminución de la autonomía de los estados.
La protesta del Dr. Néstor Luis Pérez en 1945 resuena como un testimonio elocuente de la resistencia a esta centralización. Su crítica a la sustracción del poder judicial y del Ministerio Público a los estados, expresada en la poderosa metáfora de «quitar los zapatos para enrostrar las alpargatas», evidenciaba la percepción de un atropello a la autonomía regional y una estrategia para debilitar a los estados antes de señalar su supuesta incapacidad.
En contraposición a la idea de una mera «descentralización» de competencias, surge con fuerza la propuesta de una «Ley de Reversión de las Competencias Usurpadas». Este concepto va más allá de la simple delegación de nuevas funciones; implica la restitución de aquellas facultades que históricamente pertenecieron a los estados y municipios y que fueron indebidamente absorbidas por el poder central. La denominación «usurpadas» no es casual, sino que subraya la convicción de que se produjo una apropiación indebida de competencias que alteró el equilibrio federal original.
Un factor importante que se alega como motivación para la centralización, particularmente durante el gobierno de Pérez Jiménez, fue la necesidad de agilizar la persecución política. La existencia de sistemas judiciales y ministerios públicos autónomos en cada estado presentaba desafíos logísticos para la aplicación de la ley a nivel nacional, requiriendo procesos de extradición entre jurisdicciones. La centralización eliminó estas barreras, facilitando la detención y el procesamiento de individuos considerados opositores o enemigos del régimen. Sin embargo, esta «eficiencia» se logró a expensas de la autonomía estatal y se interpretó como una herramienta para el control político.
En última instancia, el debate sobre el federalismo y la centralización en Venezuela trasciende la semántica y las estructuras administrativas. Se adentra en la esencia misma del pacto fundacional, la distribución legítima del poder y el respeto a la soberanía originaria de los estados. La discusión sobre la plena vigencia de las «bases de la unión» y la urgencia de revertir las competencias centralizadas no es un mero ejercicio académico, sino una cuestión fundamental para la construcción de una república verdaderamente democrática y respetuosa de su diversidad territorial.
«El verdadero federalismo consiste en la armonía entre la autonomía de los estados y la unidad de la nación, donde cada nivel de gobierno ejerce sus competencias en beneficio del ciudadano.» – Arturo Uslar Pietri
Dr. Crisanto Gregorio León
