(CNP 12388) El sector minero del estado Bolívar irrumpió con fuerza en el conflicto laboral de la Corporación Venezolana de Guayana para declarar persona no grata al ministro Héctor Silva, responsabilizándolo de forma directa por la vida de los trabajadores que superan las 50 horas en huelga de hambre tras más de catorce días de paralización.
En un rotundo espaldarazo a los obreros y jubilados que exigen el pago urgente de 1.200 dólares en utilidades, voceros de las alianzas mineras rompieron el silencio para denunciar una sistemática red de acoso, corrupción y despojo violento ejecutada por altos mandos militares y cuerpos de seguridad en los yacimientos del sur de la entidad.
La vocera de la Agrominera Mamá Pancha, Yunice Barreto, repudió la indolencia y el silencio administrativo de la gestión ministerial ante la dramática situación de los padres y abuelos de la patria que arriesgan su salud en las portones de las empresas básicas.
Barreto reveló que tras la fachada de normalidad en el sector minero se esconde una grave persecución contra hombres y mujeres trabajadores, señalando directamente a funcionarios militares como el coronel Miguel Ángel Velázquez, asesor del Ministro Héctor Silva; Teniente Coronel Iván Salazar, Jefe de Resguardo Minero, y el Capitán Luisen Álvarez, jefe de regiones, por desplegar a organismos como la DGCIM, Guardia Nacional, Gepamo y Resguardo Minero, para acorralar, incomunicar y encarcelar a los mineros artesanales con el objetivo de apoderarse de sus alianzas y brigadas en El Callao tan pronto logran ubicar zonas de exploración productiva, esto por orden directa del Viceministro Jesús Mieres y la Directora de despacho, Dessire Hidalgo.
Ante la gravedad del acoso y la indolencia institucional, la representación jurídica de las brigadas mineras, encabezada por la abogada Ixamar Bolívar, formalizó las denuncias mediante un recurso contencioso administrativo introducido ante el Tribunal Contencioso Administrativo en la sede de Puerto Ordaz.
El recurso, fundamentado en los principios constitucionales del debido proceso, solicita formalmente la citación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, la Corporación Venezolana de Minería y la Fiscalía Superior, así como la restitución inmediata de los espacios tomados de forma arbitraria y la liberación del Registro Único Minero retenido ilegalmente por las autoridades.
Desde el frente de protesta, Isnaldo Rodríguez, secretario general de Sutrabriquetero, confirmó la firmeza de la vigilia obrera que reúne a más de 90.000 trabajadores activos, jubilados y los mal llamados no requeridos del holding CVG.
Los trabajadores reiteraron su disposición a mantener la protesta hasta lograr una mesa de diálogo resolutiva, alertando a la Defensoría del Pueblo y a la opinión pública internacional que cualquier desenlace fatal entre los manifestantes será responsabilidad exclusiva de las autoridades del ministerio y su negativa a dar respuesta a los derechos laborales consagrados.
