El Estado venezolano promulgó el 27 de diciembre del año 2005, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se reconoce y garantiza su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.
A través de la Constitución de 1999 (Artículos 119-126) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) de 2005, reconociendo sus derechos originarios sobre tierras, cultura, autonomía, salud, educación y participación política, estableciendo la demarcación de hábitats, la protección de conocimientos tradicionales y el derecho a su propia organización social y económica.
El Gobierno Bolivariano hizo posible la implementación de esta ley, de ahí que los pueblos indígenas en el país se consideren visibilizados y mantengan su resistencia para continuar conquistando espacios dentro de la legislación nacional.
