El espacio público, por definición, debe ser el terreno de la inclusión, el encuentro y la equidad social. Sin embargo, lo ocurrido recientemente en el Parque Central de Tucupita demuestra que la realidad en el estado Delta Amacuro transita por un camino diametralmente opuesto, donde la burocracia y las nuevas directrices administrativas parecen importar más que los derechos fundamentales de la infancia.
Docentes y alumnos del Taller Cecilio Acosta sufrieron una inaceptable e indolente negativa al intentar ingresar a las instalaciones del parque. El personal adscrito a Imparques les cerró las puertas a estos niños con condiciones especiales, privándolos de su derecho legítimo a la recreación, al esparcimiento y a la integración social.
¿Burocracia por encima de los derechos?
Según los reportes, la justificación detrás de esta bofetada a la inclusión responde a políticas administrativas que exigen la tramitación previa de un oficio y una «colaboración» monetaria o material para poder utilizar un espacio que es de la colectividad.
Resulta alarmante y profundamente cuestionable que se mercantilice o se pongan trabas burocráticas al disfrute de un parque público. Pero es aún más grave y repudiable que estas barreras afecten de manera directa a los sectores más vulnerables. ¿Hasta qué punto la indolencia institucional va a restringir el derecho de los niños a sonreír, jugar y ocupar los espacios que les pertenecen?
La ley ignorada
En Venezuela, el marco jurídico es claro: la Ley Orgánica para Personas con Discapacidad y la LOPNNA consagran la protección integral de los niños y prohíben de manera categórica cualquier trato discriminatorio, limitante o excluyente en espacios públicos o privados. Impedir el acceso a estos alumnos no es solo una falta de sensibilidad humana; es una presunta violación a normas de rango legal y constitucional que garantizan la igualdad de condiciones.
El llamado urgente
La situación del Parque Central de Tucupita no puede normalizarse bajo la excusa de normativas internas o autogestiones administrativas. Las instalaciones públicas no son cotos cerrados ni propiedades de quienes las administran temporalmente; son patrimonio del pueblo deltano.
El llamado categórico es a las autoridades competentes y nacionales a que «le metan la lupa» a esta situación de manera inmediata. Es imperativo revisar las políticas de Imparques en la región, sancionar los actos de discriminación y garantizar que las puertas del parque estén siempre abiertas, sin exclusiones ni trabas burocráticas, para todos los niños sin excepción.
Un parque donde no tienen cabida los niños con condiciones especiales es, sencillamente, un espacio donde ha fracasado la humanidad.
