La organización no gubernamental Clima21 manifestó su preocupación ante la falta de información oficial sobre los recientes operativos militares desarrollados en zonas mineras del estado Bolívar y exhortó a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la protección ambiental durante estas acciones.
A través de un comunicado difundido este 10 de junio de 2026, la organización señaló que en los últimos días han circulado reportes e imágenes en redes sociales sobre un operativo presuntamente ejecutado en las cercanías de Las Cristinas, en el municipio Sifontes. Entre los materiales divulgados se observan sobrevuelos de aeronaves militares, acciones armadas en áreas que aparentan ser explotaciones mineras y desplazamientos masivos de personas fuera de la zona intervenida.
Clima21 destacó que hasta el momento no existe información oficial sobre los objetivos, alcance o resultados de estas operaciones, ni sobre posibles personas detenidas, heridas o fallecidas. Asimismo, indicó que tampoco se conocen detalles sobre las medidas implementadas para proteger los derechos humanos de quienes se encontraban en las áreas intervenidas.
La organización recordó que durante años diversos organismos nacionales e internacionales han documentado los impactos ambientales y sociales asociados a la minería ilegal en la Amazonía venezolana, así como la presencia de grupos armados, situaciones de violencia, extorsión y control territorial en zonas mineras.
En el documento, Clima21 reconoció la necesidad de combatir la minería ilegal y proteger los ecosistemas amazónicos, pero subrayó que cualquier acción del Estado debe ejecutarse en apego a la Constitución, la legislación nacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental.
Además, enfatizó que el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, al tiempo que insistió en la obligación de las autoridades de informar a la ciudadanía sobre los objetivos y resultados de los operativos.
La ONG también advirtió que las políticas destinadas a erradicar la minería ilegal no deben afectar los derechos de las personas que dependen económica y socialmente de esta actividad. En ese sentido, solicitó la implementación de medidas de transición justa que permitan generar alternativas económicas sostenibles para las comunidades involucradas.
Finalmente, Clima21 consideró indispensable avanzar en procesos de restauración ecológica, atención a las poblaciones afectadas y reparación de los daños ambientales y humanos acumulados durante años de explotación minera ilegal.
La organización concluyó que las acciones dirigidas a enfrentar la minería ilegal deben contribuir simultáneamente a la conservación de los ecosistemas, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia.
