Doctor Crisanto Gregorio León
La ronda secreta de las juezas en Torenza
«Somos amiguitas, somos impunes, somos inmunes… nadie nos destituye, tenemos un negocio. ¡Lara, lara, lara!».
«El tribunal no es un lugar de justicia. Es una clínica donde los médicos se cubren los errores unos a otros y la verdad es lo último que importa». — The Verdict (Veredicto final, 1982, película de Estados Unidos dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Paul Newman)
Para comprender de qué manera se corrompe el Estado de derecho, los expertos en sociología jurídica suelen recurrir a esquemas teóricos de simulación. Imaginemos, con fines estrictamente académicos, un escenario conceptual: un circuito judicial aislado en cualquier provincia del mundo, especializado en una materia de alta sensibilidad social y penal. En este laboratorio abstracto, resulta pertinente analizar qué sucede cuando los contrapesos institucionales diseñados originalmente por la ley terminan sustituidos por dinámicas de cohabitación perpetua que anulan la alternabilidad republicana.
En la teoría pura del derecho, el Ministerio Público y el tribunal de primera instancia deben operar bajo una estricta lógica de contradicción: un órgano acusa y el otro fiscaliza de forma independiente la legalidad. Sin embargo, el análisis de sistemas demuestra que cuando los mismos operadores de justicia permanecen estáticos en una jurisdicción durante más de una década, la frontera de supervisión mutua se diluye irreversiblemente. El diseño institucional muta entonces en una corporación de resultados predecibles, donde la fase de juicio deja de ser un debate limpio para convertirse en un mero trámite de convalidación automática, quedando el sagrado derecho a la defensa reducido a una formalidad vacía.
El blindaje de este ecosistema ficticio no se sostiene desde la base, sino a través de una arquitectura de impunidad marcadamente piramidal. Si un ciudadano o un abogado litigante intentara activar los canales disciplinarios en la capital de esa nación imaginaria, el modelo proyecta un bloqueo sistemático de los procedimientos. Las quejas y denuncias administrativas, por más fundamentadas que estén, acabarían archivadas de forma invariable debido al principio del «padrinazgo superior». Los operadores locales suelen ser piezas estratégicas colocadas por altas magistraturas o factores políticos superiores, lo que genera un esprit de corps distorsionado que neutraliza de inmediato cualquier intento de auditoría interna.
Sabiéndose inmunes a la rendición de cuentas debido a su red de alianzas superiores, es predecible que los funcionarios de este tribunal hipotético desarrollen un perfil conductual caracterizado por la hostilidad procesal. La ausencia de un control real estimula rasgos de arbitrariedad y soberbia durante el desarrollo de las audiencias orales. Incluso las instancias superiores de revisión, como las Cortes de Apelaciones locales, terminan asimiladas por el mismo filtro corporativo, ratificando los fallos de primera instancia para salvaguardar la reputación política del circuito regional.
Sin embargo, la teoría general de sistemas también demuestra que estos feudos artificiales sufren de una extrema fragilidad estructural: dependen por completo de la estabilidad de su paraguas en la capital. Si las dinámicas de poder cambian en las altas esferas y los magistrados protectores son removidos de sus cargos, el flujo de inmunidad se corta de manera instantánea. Desprovistos de su blindaje central, los sistemas locales colapsan ante las primeras auditorías externas, dejando al descubierto los vicios acumulados durante años y demostrando que una justicia que se organiza para proteger a sus miembros en lugar de proteger la ley es solo una simulación.
Canon.
La ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consagran el derecho inalienable de los intelectuales, escritores y ciudadanos a ejercer la crítica social —incluso a través de la ficción y la sátira literaria— como un instrumento legítimo de contraloría ciudadana para desnudar las corruptelas del poder. Como reza el clásico aforismo latino: Excusatio non petita, accusatio manifesta (quien se excusa sin habérselo pedido declara que es culpable). Bajo esta premisa, la presente narrativa destapa las cloacas de la arbitrariedad judicial en Torenza. ¿Usted lo cree?
«Nadie va a caer. Entre ellos se protegen, limpian los rastros y archivan los expedientes; el sistema está diseñado para que la impunidad de los suyos quede siempre garantizada». — El Reino (2018, película de España dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Antonio de la Torre y Mónica López).
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario y Broadcaster
crisantogleon@gmail.com
