Jorge Alexander Antequera
Coordinador Estatal del Movimiento de Profesionales y Técnicos
La cotidianidad de Tucupita, capital del estado Bolivariano Delta Amacuro, atraviesa una compleja coyuntura socio-sanitaria y de seguridad vial que exige la evaluación crítica, objetiva e inmediata de todos los sectores de la vida regional. Semana tras semana, los centros de salud locales registran ingresos de personas lesionadas y decesos producto de colisiones de tránsito. El análisis epidemiológico y policial demuestra que más del 50% de estos siniestros involucran a motorizados, con un rango etario crítico concentrado entre los 18 y los 30 años. Esta situación adquiere una dimensión estratégica a la luz de las iniciativas del Ejecutivo sobre la Escuela de Formación Integral del Motorizado y el Registro Único de Motorizados, ratificando que la informalidad y la alta accidentalidad constituyen una prioridad de Estado que demanda articulación territorial.
Desde nuestra perspectiva, se advierte una preocupante banalización del riesgo al conducir. El uso de las motos ha sido permeado por patrones culturales que incentivan la velocidad excesiva y la descarga de adrenalina, conductas ajenas a la realidad de la infraestructura vial. Las arterias deben ser comprendidas como espacios de convivencia armónica donde convergen peatones, ciclistas y conductores. Aunado a ello, la contaminación sónica por la alteración de sistemas de escape representa una agresión directa al bienestar acústico, vulnerando el descanso de niños, adultos mayores y pacientes convalecientes. Es imperativo recordar que los derechos de unos terminan donde comienzan los de los demás; la libertad de tránsito no puede traducirse en la transgresión del sosiego público.
Ante este panorama, la construcción de un plan integral de corresponsabilidad se erige como una necesidad ética. Bajo la premisa de que «la imprudencia cuesta» y debemos manejar para dos y no para uno, desde el Movimiento de Profesionales y Técnicos planteamos consolidar jornadas de formación vinculadas a la Universidad del Transporte. Con esto se busca condicionar las certificaciones a estándares estrictos de conducción defensiva. Asimismo, se requiere que los concesionarios locales condicional la entrega de vehículos a la verificación documental, el seguro obligatorio y la dotación de cascos certificados, mientras que las Comunas deben impulsar frentes de motorizados conscientes para promover la autorregulación gremial.
Por otro lado tenemos el factor financiero que incide de forma implacable en el desarrollo del estado. Los elevados gastos médicos derivados de un siniestro vial representan una carga financiera severa e inesperada para el núcleo familiar; en palabras claras: muchas veces la familia deja de comer para solventar los costos del accidente, mientras el Estado desvía recursos prioritarios de obras públicas para atender emergencias que la prudencia pudo evitar. Por ello, la prudencia al manubrio es un acto supremo de protección al patrimonio y la estabilidad del hogar.
Del mismo modo, es ineludible fortalecer la fiscalización ambiental. Los cuerpos de seguridad deben actuar con firmeza frente a la contaminación sónica y sancionar la modificación de tubos de escape, así como vigilar el respeto a los semáforos y límites de velocidad. Recordarle a nuestro pueblo y hermanos motorizados que el marco jurídico ofrece bases sólidas:
Artículo 80, Numeral 7 (Ley Orgánica del Ambiente): Define como degradantes las actividades que produzcan ruidos y vibraciones molestas.
Decreto N° 2217: Regula los niveles máximos tolerables de ruido por zonas y horarios.
Ordenanzas de Convivencia Ciudadana: Sancionan la alteración de la paz pública.
La seguridad vial no es una tarea individual, sino un compromiso político y humano con la vida, el ordenamiento colectivo y el bienestar social.
VENEZUELA RENACE. EL DELTA RENACERÁ.
