Dr. Abraham Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua.
Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba
Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela
Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT
La delegación diplomática guyanesa pidió -reiteradamente- en las distintas fases procesales, en su Pretensión Procesal, que la Corte ratificara que el adefesio jurídico denominado Laudo de París, de 1899, constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza.
En otras palabras, aspiran que el Alto Tribunal de La Haya sentencie como Cosa Juzgada (res judicata) con base en los hechos que narró en su escrito la contraparte; por supuesto, sumamente interesada y a su conveniencia.
Sin embargo, en ninguna de sus comparecencias mostraron asidero con documentos que le confirieran fortalezas a sus peticiones. Nada de Nada.
Estuvieron anclados en “el laudo”, como único recurso, para hacerse con lo que jamás ha sido de esa nación.
A pesar de que nuestro país, como Estado-Parte, no había dado su consentimiento para que se llevara adelante tal Proceso jurídico; mucho menos haber suscrito –con antelación- cláusulas compromisorias de obligación, esta acción de juzgamiento jamás se paralizó.
Nuestra representación venezolana analizó permanentemente; y estuvo al cuidado del contenido del artículo (53) del Estatuto del Ente Juzgador; por cuanto, basados en el mismo, la Sala puede resolver la controversia, así alguna delegación no se haga presente.
“Cuando una de las partes no comparece ante la Corte o se abstiene de defender su caso, la otra parte puede pedirle al tribunal que decida a favor de su demanda. Antes de emitir una decisión, la Corte tiene la obligación de verificar dos condiciones indispensables: Asegurarse de que tiene jurisdicción para conocer del asunto de conformidad con los artículos 36 y 37 del Estatuto. Comprobar que la demanda de la parte presente está bien fundada tanto en los hechos como en el derecho”.
Como ya se sabe, el Alto tribunal de la Haya el 18 de diciembre del año 2020 admitió su jurisdicción y competencia (en una resolución rara, pero inevadible) para proceder a conocer forma y fondo en este pleito, conforme a la demanda, contra nuestro país, interpuesta por Guyana; cuya pretensión procesal (contenida en su petitorio) nos resultó fácil componer el discurso jurídico para desmontarla; porque Guyana no pudo – en ningún momento- sostener histórica, jurídica o cartográficamente lo que pedía.
A pesar de lo descrito en el párrafo anterior, sus asesores les habían recomendado que, –como el caso contencioso se dirimiría por ante la Corte – deberían mantenerse en ese escenario, con la aviesa intención de procurar una sentencia rápida y sin más dilaciones, que les favoreciera.
Agréguese allí una “ayudita” de algunos países y otros entes, caso de la Commonwealth y la Caricom.
Suficientemente es sabido que la Corte Internacional de Justicia cumplió con todos los trayectos procesales; a tales efectos, convocó para actos por separados a las delegaciones o coagentes de Venezuela y Guyana; configuradas ambas naciones como Partes en litigio en la controversia sostenida. Así se hizo.
Los gobiernos ingleses y guyaneses que han ocupado 159.500 km2, la séptima parte de nuestra soberanía por el costado este; fundamentalmente, a partir de Burnham hasta el presidente actual Irfaan Ali, en la obsesiva búsqueda de invocar la denominada Prescripción Adquisitiva (darle eficacia jurídica al desgarramiento perpetrado; intentando justificar por el tiempo en que allí han permanecido) sobre la extensión geográfica venezolana que nos arrebataron con vileza.
En esta ocasión, pretenden que sea la Corte que falle a su favor; aunque no poseen el más mínimo respaldo titulativo de dominio y soberanía.
Debemos suponer que en el juicio que se sigue en la Corte – en espera de una pronta sentencia- no sólo debe importar la narratología de los hechos sino también el contenido en estricto derecho para determinar su corrección. Para hacer justicia con congruencia en el fallo jurisdiccional.
El concepto jurídico y Principio de la Efectividad ha sido discutido en relación al título sobre un territorio; donde el Derecho Internacional ha marcado la preferencia del título jurídico por encima de la ocupación o la posesión ilegítima.
Por lo pronto, atendamos a la siguiente observación/pregunta: ¿cómo observa el Derecho Internacional las efectividades en el establecimiento de las fronteras?
La Corte ha decidido en una serie de sentencias, que han creado jurisprudencias, que un Título Jurídico preexistente (como en nuestro caso con la Real Cédula de Carlos III, de 1777, cuando crea la Capitanía General de Venezuela) prevalece sobre una administración del territorio en controversia, por parte de otro Estado.
Un Estado puede completar, pero no contradecir el título jurídico preestablecido.
Las fronteras han tenido, por su propio ámbito de aplicación, una relación estrecha con la cartografía.
Este es otro punto de nuestro aprendizaje.
Prestemos mucha atención a lo siguiente. La propia Sala sentenciadora de la ONU, ha dictaminado siempre que las cartografías constituyen elementos auxiliares en una controversia interestatal.
Los mapas suelen jugar un rol importante, ya sea como integrante del tratado que se aplica al caso concreto; o porque muestran una forma de interpretar la intención real de las Partes, y pueden servir de prueba auxiliar o confirmatoria de aquélla.
La Corte siempre ha dictaminado que un mapa anexo a un título jurídico es un elemento complementario del cual forma parte integral.
La Corte sentó la jurisprudencia que la cartografía alegada por un Estado-Parte, en un proceso de litigación, constituye, ciertamente, una expresión física de la voluntad del Estado concernido.
La Sala decidió que, en las delimitaciones fronterizas, los mapas condensan (representativamente) interesante información que coadyuva a dilucidar los títulos territoriales por sí solos. Son pruebas extrínsecas, que pueden usarse, junto con otras, para determinar los hechos reales.
Guyana no posee referentes acreditables de títulos, de mapas o de trascendencia histórica sobre la extensión territorial que ocupa.
Así entonces, aguardamos porque los honorables magistrados determinen sentencialmente con congruencia; es decir, que haya una relación lógica y proporcional con las pretensiones, los hechos expuestos con base en la diacronía posesoria y las defensas fundamentadas que plantearon las partes en el proceso.
