Dr. Crisanto Gregorio León
“Cuando se retrasa la justicia, se le niega la justicia”. – William Gladstone
La prisión preventiva, concebida en la teoría como una medida cautelar, se ha convertido en una cruda realidad y en una pena anticipada. Este calvario se extiende por meses y años para miles de detenidos, muchos de los cuales, incluso siendo inocentes, sufren las consecuencias de una condena sin juicio. Más allá del hacinamiento y las condiciones infrahumanas en los centros de reclusión, existe un factor perverso y menos visible que agrava esta crisis: la inacción y la falta de diligencia en el traslado de los detenidos a los tribunales.
La causa principal de este drama es un acto de omisión que se repite de forma sistemática: la falta de traslado oportuno de los oficios judiciales. Estos documentos, que deben ser entregados a las autoridades para que se concrete el movimiento de los privados de libertad, se pierden en un limbo burocrático, se retrasan intencionalmente o, simplemente, no son entregados. Las consecuencias de esta negligencia son devastadoras. Los detenidos, listos para ser presentados ante un juez, ven cómo sus audiencias se difieren una y otra vez. El “diferimiento” se convierte en una palabra recurrente, prolongando su estadía en celdas sobrepobladas y en condiciones sanitarias lamentables.
La ausencia de empatía: un cálculo perverso
Este drama de los oficios que se pierden no es producto de una simple ineficiencia burocrática, sino de una grave ausencia de empatía y, en no pocas ocasiones, de un cálculo perverso. No se trata de generalizar, pues seguramente muchos funcionarios cumplen con su labor de manera honrada y diligente. Sin embargo, detrás de cada retraso, se esconde la conducta de quienes parecieran haber endurecido el corazón. Se olvidan de que al otro lado de ese papel hay una persona, un ser humano que se asfixia y sufre, confinado en condiciones deplorables y esperando una audiencia que podría definir su futuro.
Esta espera no es solo una molestia; es una tortura psicológica que se prolonga día a día. El retardo se siente como una condena adicional, y la falta de diligencia, la indolencia de estos funcionarios, se convierte en un acto de crueldad. Es imposible no preguntarse si esta inacción es un simple descuido o si, por el contrario, está motivada por la espera de algún tipo de «resarcimiento» o pago por debajo de la mesa. La vida y la libertad de un detenido no deberían depender de la voluntad o la avaricia de unos pocos funcionarios que han perdido la noción de su deber.
