Doctor Crisanto Gregorio León
«¿Qué es la justicia? Un sistema de transacciones donde la balanza no mide la verdad, sino el peso del oro que cae en el plato equivocado.»
— Reflexión inspirada en la película El abogado del diablo (The Devil’s Advocate, 1997), dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Al Pacino y Keanu Reeves.
El título de esta reflexión evoca un nombre patronímico de ficción tomado estrictamente al azar como un recurso arquetípico y universal para proteger a los inocentes. Con la denominación de «el funcionario Pineda» no se señala a una persona real, sino que se edifica una metáfora abstracta e ilustrativa que nos permite exponer la cloaca institucional que lamentablemente contienen las sombras de algunos tribunales del mundo. Es oportuno aclarar de forma tajante que este escrito no está dirigido bajo ningún concepto a los operadores probos, rectos, correctos, honestos y éticos, quienes con su mística salvan el espíritu de la ley; esta radiografía aplica exclusivamente para los agentes corrompidos. El arquetipo describe a ese auxiliar judicial que exige permanentemente dinero y peajes ilícitos utilizando el nombre de la juez, instrumentando un esquema masivo de microextorsiones mediante transferencias bancarias dirigidas a sus cuentas personales, a las de su papá y a las de sus propios compañeros de trabajo, convirtiéndose en un verdadero azote de corrupción.
La arquitectura de este chantaje cotidiano se reviste de una alarmante mitomanía y manipulación con el burdo pretexto de cubrir supuestas necesidades del despacho. El funcionario Pineda alega con soltura que las dádivas son para comprar insumos de oficina o para costear la comida de su padre desasistido, asegurando cínicamente que la juez tiene perfecto estado y pleno conocimiento de tales exigencias informales en cuentas privadas. Esta fauna burocrática responde a una profunda patología moral: padece el Trastorno Narcisista y Psicopático de la Personalidad, arrastrando una necesidad patológica de figurar y controlar. Su conducta evoca una colmena infecta, pues la experiencia demuestra que al levantar la piedra de la corrupción en una sede judicial sucia, centenas de alimañas salen agolpadas en redes clientelares. Menos mal que los usuarios extorsionados por este arquetipo han tenido la astucia y la precaución de guardar meticulosamente las capturas e información digital, así como los registros firmados y sellados de esas transacciones emitidos por sus respectivas entidades financieras, constituyendo un archivo probatorio irrefutable del cohecho.
El perfil clínico de este personaje se agudiza al manifestar el Síndrome de Dunning-Kruger y el perverso Síndrome de Stephen Candie. El primero lo sumerge en una ilusión de superioridad cognitiva donde su propia ignorancia jurídica le hace creer que su impunidad es eterna; el segundo síndrome —extraído de la célebre película Django sin cadenas (2012), dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Samuel L. Jackson en el papel del cruel esclavo Stephen— retrata al oprimido que se convierte en el más despiadado opresor de sus iguales para congraciarse con el amo. Así, Pineda usa la investidura de la juez como un látigo para extorsionar. Además, despliega una táctica psicopática nefasta: habla intencionalmente mal de sus jefes y compañeros frente a los profesionales del derecho, no por convicción, sino como un agente provocador. Lanza este anzuelo psicológico para poner en boca del abogado críticas que jamás había concebido, instrumentalizando luego esa reacción para chantajearlo o descalificarlo en el tribunal.
La fiscalización de la conducta pública es un mandato universal amparado por los tratados internacionales que blindan la contraloría social de los pueblos. Los ciudadanos y los intelectuales de la ciencia jurídica tienen el derecho irrenunciable de someter el aparato judicial al más estricto escrutinio público. Esta libertad de crítica institucional está garantizada de forma global por el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. La jurisprudencia comparada demuestra analógicamente que los esquemas de presión bajo patronímicos similares terminan proscritos; así ocurrió en el sonado caso corporativo de Ausbanc en España, donde su líder de apellido Pineda fue penalizado por extorsión, o con el exmagistrado del Tribunal de Cuentas de Honduras, José Juan Pineda Varela, quien enfrentó requerimientos fiscales del Ministerio Público por presunto tráfico de influencias. Estos ecos de la realidad demuestran que el uso de influencias para el beneficio personal o de familiares es una desviación que la justicia internacional persigue con vehemencia.
Frente a la denuncia abstracta de estas patologías, el derecho procesal universal activa mecanismos automáticos que impiden la evasión maliciosa de los culpables. Es aquí donde cobra vigencia imperecedera la máxima jurídica conocida como excusatio non petita, accusatio manifesta, la cual advierte con absoluta lucidez que quien se excusa sin haber sido formalmente acusado, declara de forma abierta su propia culpabilidad. Por lo tanto, si algún operador real de cualquier latitud decidiera darse por aludido o manifestar ofensa ante este retrato de ficción y análisis doctrinal de una conducta desviada, no hará más que ratificar ante la opinión pública y los órganos sancionatorios su plena identificación con el perfil delictivo aquí retratado. La microextorsión judicial es un cáncer moral y erradicarlo exige la valentía colectiva de mantener la lupa ciudadana sobre cada cuenta familiar utilizada para el cohecho, protegiendo siempre la honorabilidad de los operadores de justicia que sirven con verdadera rectitud.
Para mayor claridad del lector, conviene precisar que un arquetipo es un modelo, molde o patrón conductual abstracto que condensa características comunes observadas en un grupo de personas o fenómenos. En el plano literario y de la prensa de opinión, un personaje arquetípico de ficción funciona como un espejo conceptual o una imagen representativa; no busca retratar la biografía de un individuo real con nombre y apellido, sino personificar y condensar de manera universal un vicio o una conducta específica —como la corrupción burocrática— para facilitar su análisis, denuncia y comprensión colectiva.
«Cuando las leyes se convierten en herramientas de extorsión y los encargados de aplicarlas en mercaderes de la impunidad, el tribunal deja de ser un templo de justicia para transformarse en una cueva de ladrones.»
— Francesco Carnlutti.
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesional, profesor universitario y broadcaster
Correo electrónico: crisantogregorio@gmail.com
